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Pilar Burillo en la Comisión contra la Despoblación en Castilla La Mancha
“El Gobierno de España es quien debe llevar a la Unión Europea la propuesta de las 10 NUTS no administrativas españolas para que sean destinatarias de fondos contra la despoblación”
La investigadora Pilar Burillo, durante su comparecencia en la Comisión no Permanente de Estudio para alcanzar un Pacto contra la Despoblación en Castilla-La Mancha
• Solo las NUTS no administrativas que agrupan municipios en áreas escasamente pobladas, definidos con criterios de la Unión Europea, pueden ser destinatarias de fondos de cohesión, y tener el mismo trato fiscal que las Islas Canarias, como áreas desfavorecidas
• “Es muy injusto que el problema de la despoblación se centre en tres provincias cuando hay 44 afectadas y, en concreto, las cinco de Castilla-La Mancha”, ha afirmado
Toledo, 1-jul-2020.
La investigadora Mª Pilar Burillo ha afirmado, durante su comparecencia en la Comisión del Pacto contra la Despoblación en Castilla-La Mancha, que es el Gobierno de España el que tiene la responsabilidad de presentar a la Unión Europea las 10 áreas escasamente pobladas españolas, o NUTS (Nomenclatura de Unidades Territoriales Estadísticas) no administrativas, formadas por agrupación de municipios que presentan problemas comunes, como la despoblación, para que puedan ser destinatarias de fondos estructurales.
Y esto es así como consecuencia del Reglamente europeo aprobado en julio de 2019, que reconoce los municipios, y no las provincias o las comarcas, como unidad de medida. “La provincia -ha explicado Burillo- no se plantea como unidad de medida en la Unión Europea, porque no todos los países tienen provincias, ni comarcas. Por eso es muy injusto que solo se intente centrar el problema de la despoblación en tres provincias – refiriéndose a Teruel, Soria y Cuenca-, cuando hay 44 afectadas y, en concreto, las cinco de Castilla-La Mancha”.
Respecto a la reunión anunciada para el próximo día 3 de julio, de los presidentes de las comunidades autónomas de Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla y León, respectivamente, para solicitar que las provincias de Teruel, Cuenca y Soria sean destinatarias de los futuros fondos de cohesión por ser áreas muy escasamente pobladas, Burillo se ha referido al encuentro como “una buena iniciativa, pero yo pediría que se hicieran esta reunión con los otros presidentes -refiriéndose a los de La Rioja y Valencia-, que también tienen gran parte de sus territorios formando la NUT Serranía Celtibérica que sí es un área muy escasamente poblada, por tener menos de 8 hab/km2, condición que no cumplen las tres provincias citadas”.
Según Pilar Burillo, Castilla-La Mancha no podrá recibir fondos europeos por criterios demográficos al tener 25,58 hab/km2, más del doble de los 12,5 hab/km2 que marcan los límites para ser considerada un “área escasamente poblada”. Pero sí 671 municipios que se engloban en 5 NUTS no administrativas, con una población de 507.271 personas -el 24,95% de los habitantes de la región-; y que ocupan el 69,31% del territorio, por lo que su densidad de población es de 9,21 hab/km2, mientras que el resto de la comunidad autónoma tiene 62,57 hab/km2.
Son los gobiernos, en nuestro caso, el de España, los únicos que pueden elevar a la Unión Europea la relación de NUT no administrativas, con los municipios existentes en cada una de ellas, para que EUROSTAT pueda proporcionar los indicadores demográficos, sociales y económicos que deben ser tenidos en cuenta en el reparto de los Fondos Europeos. El tiempo urge pues todos los países deben presentar el “Acuerdo de Asociación 2021 – 2027” donde se especifique el reparto de los fondos europeos antes de final de año.
La NUT no administrativa Serranía Celtibérica, conocida como la Laponia española, que agrupa municipios continuos de las comunidades autónomas de Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, La Rioja y Valencia, con una extensión que duplica Cataluña, tiene un censo de 460.613 personas y una densidad de población de 6,99 hab/km2: el mayor desierto demográfico de Sur de Europa. Su reconocimiento cuenta con el respaldo de Proposiciones no de Ley de las Cortes de España y de las de Aragón, en el 2015; de las Cortes de la Generalitat Valenciana, en el 2017; y de las Cortes de La Rioja, en el 2020, solicitando que se reconozca su identidad, se le conceda la financiación que supone quinta Inversión Territorial Integrada (ITI) y se le aplique el artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea para las áreas desfavorecidas, lo que supone el mismo trato fiscal discriminatorio que ya vienen recibiendo los 2.153.000 habitantes de las Islas Canarias.
